Terminada las elecciones de Capital donde compulsaba el ministro Tomada, parece ser que los remiseros dieron por terminada la tregua electoral y comenzaron, luego de la feria judicial, con una andanada de denuncias judiciales.
La tregua y el silencio se relaciona con el hecho que varios funcionarios del Ministerio de Trabajo, estarían relacionados, según la denuncia ingresada en el Juzgado 7 causa Nº 7743/11 del juez OYARBIDE, con la causa de los medicamentos ‘truchos’ y el saqueo de las obras sociales sindicales.
Pareciera que esta historieta comenzó cuando Noemí Rial, actual viceministro de Trabajo, ocupó durante dos años ‘92 – ‘94, época menemista, que para lograr la reelección mediante la constituyente del ‘94 le dieron el manejo del sector a los grupos que orientaba el Coty en la Superintendencia de Salud de donde dependen y se controlan las obras sociales.
Luego, ya en trabajo, durante esta década instaló en lugares claves a radicales confesos como Elena Otaola, directora de Asociaciones Sindicales y un grupo siniestro de inspectores como Flores, Curz y Veiga ejecutores de todo tipo de tropelías.
La maniobra consistiría en mantener sindicatos sin autoridades electas legalmente para nombrar administradores provisorios desde la Superintendencia de Salud (caso OSCRAIA de Remiseros allanada por Oyarbide el 3 de diciembre permaneciendo el presunto contador Torrent, detenido sin eximición de prisión, como organizador junto a un tal JC Chaz de una asociación ilícita).
Esta maniobra contaría con la colaboración documentada de algunos radicales confesos como Mangone y Serafini que dominan el sindicato de Gas y la comisión arbitral de la CGT, comprometiendo tanto a Tomada como a Moyano, al invocar descaradamente sus nombres para realizar las maniobras denunciadas, consistentes en truchar elecciones internas, luego anularlas y seguir la rueda, mientras ellos -mediante sus cómplices- siguen controlando los subsidios, ingresos y troqueles de las obras sociales, que con descaro NO HACEN BALANCES ni rinden sus gastos. Eso explica el porque el ejecutivo, les cortó los fondos del APE que suelen reclamar con tanto énfasis los dirigentes. Aparte, las autoridades electas de la Unión de Remiseros, presentaron tres amparos en distintos juzgados y medidas de reconsideración y recursos jerárquicos, no contestados en tiempo, en una actitud sospechosa, ante los innumerables delitos, más de 20 y más de 90 delincuentes denunciados.
